El Tribunal Supremo ha confirmado hoy, 13 de octubre de 2026, la suspensión del voto para las elecciones del 29 de noviembre a los nacionalizados mediante la Ley de Nietos. La decisión, analizada en el programa El Café Mañanero de Latinos FM, afecta a unos 160.000 españoles que el Gobierno tenía previsto que participaran en los comicios adelantados. Los afectados disponen ahora de cinco días para presentar alegaciones con el fin de poder ser incluidos en el censo electoral, según se informó en el espacio radiofónico.

Esta medida surge de un “pulso”, como se describió en la emisión, entre el Gobierno, promotor de la Ley de Nietos para beneficiar a unos 400.000 descendientes de migrantes españoles durante la dictadura, y partidos de la derecha como Vox y el Partido Popular. Estos últimos, no favorables a la ley en su amplitud, pretenden limitar el derecho al voto solo a quienes en su momento acreditaron ser exiliados al solicitar asilo político. Para la abogada especializada en extranjería, Luz Piedrahíta, invitada al programa, la suspensión se debe a que «la premura de todo lo que hay, el poco tiempo que queda para los comicios, permite que no se pueda acordar realmente quién entrará y quién no entrará en este censo».

Beneficios de la Ley de Memoria Democrática

La Ley de Nietos, que se enmarca en la Ley de Memoria Democrática, es una disposición que ha permitido la nacionalización de descendientes de exiliados durante la Guerra Civil. El Gobierno comunicó en junio de este año que algo más de medio millón de personas habían adquirido la nacionalidad española por esta vía.

Luz Piedrahíta detalló los beneficios prácticos de la Ley de Memoria Democrática para los descendientes de españoles, muchos de ellos radicados en países latinoamericanos. La abogada explicó que la norma les permite el libre movimiento en el espacio Schengen, residir, vivir y trabajar en territorio español. Además, este marco legal ofrece la posibilidad de «si tenían familiares que cumplen requisitos, también acoger a estos familiares para que vengan a vivir con ellos al territorio, al territorio español, ya sean hijos, padres, cónyuges». Esta amplitud de la ley, según Piedrahíta, no solo facilita la vida de una persona en España, sino que extiende la oportunidad a toda su familia.

Incertidumbre electoral para nacionalizados

La suspensión del voto ha generado preocupación entre los afectados. Luz Piedrahíta aclaró que «no podrán votar los nacionalizados que no estén en el censo». Esto se debe a que, aunque ya hayan adquirido la nacionalidad española, si no estaban en el censo electoral en agosto, fecha de su cierre, no podrán participar en las elecciones del 29 de noviembre. No obstante, la abogada apuntó que esta situación no impide que puedan ejercer su derecho al voto en el futuro, una vez que se resuelva la cuestión actual. Informaciones más recientes apuntan a que alrededor de 370.000 nacionalizados podrían verse afectados por esta situación.

En cuanto a la posibilidad de revertir la suspensión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó este lunes 12 de octubre, desde los corrillos del Palacio Real con motivo del Día de la Fiesta Nacional, que el Gobierno estudiará a través de la Abogacía del Estado si la decisión cautelar del Tribunal Supremo se considera una resolución definitiva y, por tanto, recurrible ante el Tribunal Constitucional.

El impacto en la comunidad inmigrante y el debate político

La abogada Luz Piedrahíta enfatizó que la medida no debería generar una preocupación extendida en la comunidad inmigrante residente en España. En su opinión, los datos actuales indican que los votantes exteriores no alterarán significativamente los resultados electorales, ni tampoco afectará a las personas que ya están en España. La letrada instó a la acción: «no deben preocuparse las personas que se han nacionalizado y que puedan votar. Lo que llamo es que, por favor, salgan a votar, no se queden en sus casas y que tienen un derecho ya como españoles y que, por favor, lo, lo ejerzan».

Respecto a otras cuestiones migratorias, Piedrahíta mencionó que la semana comienza con el recurrente tema de la regularización extraordinaria. Si bien han llegado algunas resoluciones, aún quedan muchos expedientes sin admisión a trámite o sin respuesta tras más de seis meses. La abogada lamentó que, a pesar de las instrucciones gubernamentales, la norma no queda clara para los empleadores, generando inseguridad y despidos de personas con documentos de admisión a trámite.

El ambiente electoral, con los comicios del 29 de noviembre cada vez más cerca, ha puesto de relieve propuestas políticas sobre inmigración. Desde El Café Mañanero se señaló que, mientras las posturas de la izquierda (Partido Socialista, entre otros) ya son conocidas, la derecha (Vox y Partido Popular) llega con propuestas más “duras”. Vox promete la “re-inmigración”, y el Partido Popular plantea retirar la nacionalidad a inmigrantes que cometan delitos graves. Jorge Rivera, conductor del programa, advirtió: «Es una pequeñísima población, desde luego, pero hay veces el tema de la delincuencia se quiere asociar a la inmigración o al aprovechamiento de las ayudas». Rivera concluyó que «la inmensa mayoría de las personas inmigrantes que nos encontramos en este país tenemos un propósito muy diferente, es decir, esos comportamientos no se corresponden con el objetivo colectivo de la población inmigrante». Advirtió la necesidad de cautela con estas propuestas, que pueden afectar a una minoría pero no al interés general de los inmigrantes que ya tienen derecho a votar y decidir.

La entrevista completa puede escucharse en el reproductor de esta página y en Latinos FM.