El Tribunal Supremo ha rechazado la petición presentada por Vox e Iustitia Europa para ampliar la suspensión del derecho al voto a otros 189.678 ciudadanos españoles, hijos de personas que adquirieron la nacionalidad mediante la conocida como Ley de Nietos.

La decisión se produce en plena recta final hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y mantiene sin cambios la medida cautelar que, según el auto, alcanza a 162.454 nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática: las 163.355 personas del anexo I de la Instrucción de 2022, menos las 901 que aportaron certificado consular.

El Supremo descarta ampliar la suspensión

Los recurrentes solicitaban que la restricción electoral se extendiera también a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española mediante esta legislación.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud al considerar las consecuencias que una nueva modificación del censo electoral podría tener sobre la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral, cuando faltan menos de tres semanas para la celebración de los comicios.

La resolución no supone el levantamiento de la suspensión anterior, sino que limita su alcance e impide que se extienda a un nuevo grupo de ciudadanos.

El magistrado Antonio Jesús Fonseca Herrero emitió un voto particular discrepante, favorable a ampliar la medida solicitada.

Más de 163.000 ciudadanos continúan afectados

El origen del conflicto judicial se encuentra en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que permitió acceder a la nacionalidad española a descendientes de españoles que emigraron o se exiliaron.

La controversia surgió a raíz de los criterios utilizados para acreditar la condición de exiliado y su aplicación a determinadas solicitudes de nacionalidad, especialmente en los casos vinculados a españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955.

El 12 de octubre, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de reposición de la Abogacía del Estado y confirmó las medidas cautelares acordadas el 10 de septiembre. El 23 de octubre requirió a los ministerios de Justicia y Exteriores la relación nominal de las 163.020 personas afectadas.

La medida contempla excepciones para quienes puedan acreditar documentalmente, mediante certificación consular, que cumplen las condiciones relacionadas con el exilio establecidas en la legislación.

Según los datos que la Abogacía del Estado aportó al Supremo el 28 de octubre, 901 personas habían presentado certificado consular que acredita los requisitos y quedan exceptuadas de la suspensión.

Un debate sobre nacionalidad y derechos electorales

El procedimiento ha generado un debate jurídico sobre la relación entre el reconocimiento de la nacionalidad española, los requisitos documentales establecidos por la Ley de Memoria Democrática y el ejercicio del derecho al sufragio.

Mientras los recurrentes han cuestionado los criterios administrativos empleados para reconocer determinadas situaciones de exilio, la Abogacía del Estado y la Fiscalía han defendido la participación electoral de los ciudadanos afectados y han advertido de las dificultades para revisar los expedientes antes de las elecciones.

El Tribunal Constitucional también rechazó intervenir para levantar la suspensión cautelar a petición del Defensor del Pueblo.

¿Quiénes podrán votar el 29 de noviembre?

Con la resolución de este 9 de noviembre, los 189.678 ciudadanos incluidos en la nueva petición no quedan sometidos a la suspensión solicitada por los recurrentes, siempre que cumplan los requisitos electorales generales.

En cambio, la suspensión inicial sigue afectando a 162.454 nacionalizados, según el auto del Supremo, salvo quienes acrediten mediante certificación consular que cumplen los requisitos de exilio.

La decisión del Tribunal Supremo mantiene así una diferencia entre ambos grupos de ciudadanos, mientras continúa la controversia judicial sobre la aplicación de la Ley de Nietos y sus consecuencias electorales.

A menos de tres semanas de las elecciones generales, el alcance de estas resoluciones adquiere especial relevancia para los españoles residentes en el extranjero, entre ellos numerosos ciudadanos de origen latinoamericano que han accedido a la nacionalidad española a través de sus vínculos familiares.