El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado viernes, 11 de septiembre de 2026, su intención de presentar alegaciones ante la Junta Electoral Central. El objetivo es que el censo electoral en la región solo incluya a los votantes del exterior que puedan demostrar documentalmente que su última residencia efectiva fue en Madrid. Esta decisión, que impacta directamente a los que obtuvieron la nacionalidad española a través de la conocida como Ley de Nietos, responde a la suspensión previa por parte del Tribunal Supremo de la inscripción de estas personas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La medida llega en un contexto de intenso debate político, especialmente preelectoral, con la presidenta regional argumentando que se busca evitar una posible "manipulación" de las cifras del censo electoral. Para muchos latinoamericanos que accedieron a la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, popularmente "Ley de Nietos", este anuncio abre nuevas preguntas sobre sus derechos y su integración plena en la vida democrática del país. Esta normativa permitió a descendientes de españoles exiliados o emigrados por razones políticas o económicas acceder a la nacionalidad, un proceso que ha beneficiado a miles de familias latinas en España.
¿Cómo afecta esta medida a los nacionalizados por la Ley de Nietos que ya residen en España?
La propuesta de la Comunidad de Madrid busca, por ahora, restringir el censo electoral para las elecciones autonómicas y locales, no la nacionalidad en sí. Si la Junta Electoral Central acepta las alegaciones, solo podrán votar en los comicios regionales aquellos que, además de ser españoles por la Ley de Nietos, puedan acreditar que su última residencia antes de adquirir la nacionalidad fue en la Comunidad de Madrid. Esta exigencia no afecta directamente a los que tienen su residencia habitual y padrón en la Comunidad de Madrid y han sido inscritos en el censo electoral de residentes (CER), pero sí subraya la importancia de la documentación y el registro de la vivienda.
La situación es más compleja para quienes, viviendo en el extranjero, obtuvieron la nacionalidad y ahora se plantean registrarse en España, o para aquellos que, habiendo obtenido la nacionalidad, no tienen una conexión documental clara con Madrid como su última residencia antes del proceso. La Comunidad de Madrid, amparándose en el Estatuto de Autonomía, defiende su derecho a definir los criterios para el censo regional, buscando asegurar que los votantes estén directamente vinculados con el territorio.
¿Es esta una limitación al derecho al voto de los nuevos españoles?
Desde la perspectiva del Gobierno regional, esta acción busca garantizar la "legitimidad" del censo electoral, evitando que se "inflen las cifras" con votantes sin arraigo directo en la comunidad, según declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso recogidas el viernes. Sin embargo, para los afectados, especialmente migrantes latinos que han completado su proceso de nacionalidad, esta propuesta puede sentirse como una barrera adicional. Adquirir la nacionalidad española implica la plenitud de derechos y deberes, incluido el derecho al sufragio activo y pasivo. La discusión se centra en los requisitos para la inscripción en el censo, no en la capacidad de ser ciudadano español.
La polémica se intensificó tras la decisión del Tribunal Supremo que suspendió la inscripción en el CERA de los nacionalizados por la Ley de Nietos, argumentando que estos no cumplen necesariamente el requisito de ser "residentes ausentes" en el sentido tradicional. La acción de la Comunidad de Madrid es una respuesta política a esta situación, buscando aplicar un filtro territorial a nivel regional para el ejercicio del voto.
Claves para los nacionalizados con residencia en Madrid
Para los miles de latinoamericanos en Madrid que ya cuentan con la nacionalidad española por la Ley de Nietos y están empadronados y residiendo en la comunidad, la noticia no implica un cambio inmediato en su capacidad de votar en las próximas elecciones. La clave reside en su empadronamiento actual y su inscripción en el Censo Electoral de Residentes (CER), que es el que aplica a quienes viven en España. Sin embargo, este anuncio sí pone de manifiesto la necesidad de tener siempre la documentación en regla y el padrón actualizado, no solo para votar, sino para cualquier trámite administrativo o acceso a servicios. Un empadronamiento continuo y bien acreditado es fundamental para demostrar la residencia legal en España.
Es crucial entender que la nacionalidad es un estatus legal a nivel estatal, mientras que el censo electoral puede tener especificaciones a nivel autonómico, especialmente cuando se trata de residentes en el exterior o de interpretaciones sobre la "última residencia". Este debate pone en relieve la importancia de diferenciar entre la adquisición de la nacionalidad y los criterios específicos para la inscripción en los diferentes censos electorales.
Los expertos en extranjería consultados por PeriodicoLatino.com señalan que, aunque la medida está en fase de alegaciones y se refiere específicamente al censo electoral, es un recordatorio de que las políticas migratorias y de ciudadanía están en constante revisión y pueden generar impactos inesperados. La comunidad latina debe mantenerse informada y, en caso de dudas sobre su situación personal y su derecho al voto, buscar asesoramiento legal especializado. Esto es especialmente cierto ante cualquier convocatoria electoral futura, donde los requisitos de inscripción podrían ser objeto de interpretaciones o modificaciones.
