Cinco países europeos han anunciado su intención de establecer en Ruanda, África oriental, un centro conjunto de retorno de migrantes que podría comenzar a funcionar en 2027. El proyecto, presentado el lunes 16 de noviembre, busca facilitar la expulsión de personas extranjeras que no han obtenido protección internacional en Europa y que, por diferentes circunstancias, no pueden ser devueltas a sus países de origen.
La iniciativa está promovida por Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, cuyos gobiernos negocian con las autoridades ruandesas las condiciones para poner en marcha el denominado return hub, un centro de retorno situado fuera del territorio de la Unión Europea.
El anuncio ha abierto un nuevo debate sobre el futuro de la política migratoria europea, especialmente por la posibilidad de trasladar a personas a un país con el que no mantienen vínculos familiares, culturales o de residencia.
¿Cómo funcionaría el centro de deportación?
Según el documento informativo de los gobiernos promotores, el programa se dirige a personas sin derecho de estancia en alguno de los cinco países que tengan una orden de retorno o expulsión ejecutable y cuya devolución a su país de origen no sea posible en un plazo razonable, por ejemplo porque ese país no coopera. Entre ellas puede haber solicitantes de asilo rechazados que hayan agotado las vías de recurso. En la primera fase solo se trasladaría a hombres que viajen solos.
Cuando no sea posible ejecutar su devolución al país de origen, las autoridades europeas podrían contemplar su traslado a Ruanda, siempre que se cumplan las condiciones jurídicas correspondientes.
Una vez en territorio ruandés, las personas recibirían alojamiento temporal y un permiso de residencia. El proyecto también contempla programas de formación profesional, aprendizaje de idiomas y apoyo para facilitar su integración en el país africano o su eventual regreso voluntario a sus lugares de origen.
Los gobiernos promotores aseguran que el centro no funcionaría como una prisión y que las personas trasladadas podrían circular libremente. Sin embargo, todavía no se han publicado las garantías concretas que permitirían verificar estas condiciones.
Tampoco se han dado a conocer el presupuesto, la ubicación definitiva del centro ni los mecanismos de supervisión independiente.
¿Podrían ser deportados ciudadanos latinoamericanos?
Uno de los aspectos más relevantes para la comunidad latinoamericana es que el proyecto no contempla, en principio, exclusiones por nacionalidad.
Esto significa que ciudadanos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Bolivia y otros países latinoamericanos podrían encontrarse entre las personas afectadas si cumplen los requisitos establecidos para los traslados.
No obstante, es importante aclarar que la iniciativa no supone la deportación automática de todas las personas extranjeras que se encuentran en situación administrativa irregular en Europa.
El mecanismo está pensado para personas con una orden de retorno ejecutable y, en la fase inicial, solo para hombres que viajen solos. Los menores no acompañados quedan excluidos.
La eventual aplicación del programa dependerá de los acuerdos que se alcancen con Ruanda, de las garantías jurídicas que se establezcan y de su compatibilidad con la legislación europea e internacional.
España no participa y mantiene una posición crítica
España no forma parte de los cinco países que impulsan la iniciativa y figura, junto con Francia, entre los gobiernos que han expresado reservas sobre este tipo de centros de retorno fuera de la Unión Europea.
Las principales preocupaciones se relacionan con la protección de los derechos fundamentales, la responsabilidad de los Estados europeos sobre las personas trasladadas y las dificultades para garantizar una supervisión efectiva en terceros países.
Aunque la Comisión Europea ha mostrado una actitud favorable hacia la exploración de estos mecanismos, el proyecto anunciado no constituye una política de deportaciones de aplicación automática en todos los Estados miembros.
Por tanto, el anuncio no implica que España vaya a trasladar a Ruanda a personas migrantes que residan en su territorio.
Naciones Unidas advierte de posibles vulneraciones de derechos humanos
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes 17 de noviembre su preocupación por el proyecto.
La portavoz Marta Hurtado advirtió de los riesgos que podría representar el traslado de personas a un país con el que no mantienen vínculos y señaló que Naciones Unidas todavía no había tenido acceso al texto completo de la propuesta.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos también han cuestionado la iniciativa.
Human Rights Watch ha advertido de la falta de garantías suficientes para proteger a las personas trasladadas y ha planteado dudas sobre las condiciones de seguridad y respeto a los derechos fundamentales en Ruanda.
Amnistía Internacional, por su parte, ha expresado preocupación por los riesgos de detenciones arbitrarias, malos tratos y posibles devoluciones a países donde las personas podrían sufrir persecución.
Uno de los principios jurídicos centrales del debate es el de no devolución, que prohíbe trasladar a una persona a un territorio donde pueda enfrentarse a persecución, tortura u otros daños graves.
Ruanda ya estuvo en el centro de un polémico acuerdo con Reino Unido
El nuevo proyecto europeo tiene como antecedente el acuerdo migratorio que Reino Unido anunció con Ruanda en 2022.
Aquel plan contemplaba trasladar a solicitantes de asilo al país africano para que sus solicitudes fueran examinadas fuera del territorio británico.
La propuesta enfrentó importantes obstáculos judiciales, especialmente relacionados con la seguridad de las personas trasladadas y el riesgo de vulneración de sus derechos.
Finalmente, el Gobierno británico abandonó el programa en 2024.
La principal diferencia con la iniciativa anunciada ahora es que en Ruanda no se examinarían solicitudes de asilo: el centro recibiría a personas que ya tienen una orden de retorno ejecutable en alguno de los cinco países.
Sin embargo, el nuevo modelo también podría enfrentarse a cuestionamientos judiciales sobre su legalidad y las garantías ofrecidas a los migrantes.
Un nuevo debate sobre el futuro de la migración en Europa
Los gobiernos promotores defienden que los centros de retorno en terceros países permitirían mejorar la ejecución de las órdenes de expulsión y reforzar la gestión de los sistemas migratorios europeos.
Sus críticos consideran que estas medidas pueden trasladar a otros países la responsabilidad de proteger los derechos de las personas migrantes y generar situaciones de vulnerabilidad.
Entre las cuestiones pendientes se encuentran la financiación del programa, las condiciones de alojamiento, la libertad de circulación, el acceso a asistencia jurídica y el destino de quienes no deseen permanecer en Ruanda.
También deberá aclararse qué mecanismos permitirán supervisar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos.
Por ahora, el proyecto continúa en fase de negociación y no se ha anunciado el inicio de los traslados.
Para la comunidad latinoamericana en Europa, el debate resulta especialmente relevante porque plantea un posible cambio en la manera en que algunos Estados gestionan las expulsiones de personas extranjeras. No obstante, su alcance definitivo dependerá de los acuerdos que se formalicen y de las garantías legales que permitan su aplicación.


