“Ha sido un arranque muy intenso porque es un procedimiento muy esperado”, explicó Cancela, al reconocer que desde el inicio se preveía un volumen importante de solicitudes.
El proceso de regularización extraordinaria está abierto hasta el 30 de junio de 2026 y puede presentarse por vía telemática o presencial, según la información oficial del Gobierno de España. Las solicitudes pueden realizarse a través de medios electrónicos o en oficinas habilitadas como Seguridad Social, Correos y oficinas de extranjería.
“Hay tiempo”: el mensaje de Pilar Cancela a quienes todavía no han presentado la solicitud
Una de las principales preocupaciones de la comunidad latina es el plazo. Muchas personas temen no conseguir cita, no reunir los documentos a tiempo o quedarse fuera del proceso.
Ante esa inquietud, Cancela insistió en que todavía hay margen:
“Lo único que me gustaría transmitir es tranquilidad. Tenemos tiempo, hay tiempo por delante”.
La secretaria de Estado aseguró que el Ministerio está facilitando información sobre impresos, requisitos, vías de presentación y dudas frecuentes. También recordó que existen distintas formas de presentar la documentación: presencialmente, telemáticamente, a través de Cl@ve, mediante formularios y con el apoyo de entidades colaboradoras.
¿Dónde se puede presentar la solicitud de regularización?
Según explicó Cancela, las personas interesadas tienen varias vías para presentar su expediente. La vía telemática está disponible durante todo el plazo y la vía presencial funciona mediante cita previa. La Moncloa detalla que la presentación online puede hacerse con certificado electrónico, mediante apoderados, profesionales habilitados o entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.
Además, el Real Decreto contempla oficinas públicas habilitadas en todo el territorio nacional, incluidas oficinas de Correos, Seguridad Social y oficinas de extranjería.
El certificado de vulnerabilidad no será necesario para todos
Uno de los documentos que más dudas ha generado es el certificado de vulnerabilidad. Cancela aclaró que no todas las personas tienen que presentarlo.
Según explicó en la entrevista, este certificado solo será necesario en determinados casos. No tendrían que aportarlo, por ejemplo, quienes hayan solicitado protección internacional, quienes tengan contrato u oferta de trabajo, o quienes formen parte de una unidad familiar.
La información oficial también señala que las personas en situación administrativa irregular deberán acreditar uno de estos supuestos: haber trabajado con contrato legal por cuenta ajena o propia en España, contar con unidad familiar en determinadas condiciones, o acreditar situación de vulnerabilidad. En este último caso, el certificado debe estar acreditado y sellado por entidades autorizadas o servicios sociales.
Antecedentes penales: una de las mayores preocupaciones
Otro de los puntos que más inquietud está generando es el certificado de antecedentes penales del país de origen o de los países donde la persona haya residido en los últimos cinco años antes de entrar en España.
Cancela reconoció que este es uno de los aspectos que requiere mayor atención, especialmente porque en algunos países puede ser difícil conseguir el documento con rapidez.
El Real Decreto prevé una vía excepcional: si la persona acredita que ha solicitado el certificado de antecedentes penales y ha pasado un mes sin recibirlo, la Administración podrá activar una solicitud por vía diplomática. Para ello, la persona deberá presentar el justificante de solicitud del certificado y una declaración responsable indicando que no ha recibido respuesta en ese plazo.
Autorización provisional para trabajar mientras se resuelve el expediente
Una de las claves más importantes del proceso es que, con la comunicación de inicio de tramitación, la persona solicitante queda habilitada provisionalmente para residir y trabajar en España mientras se resuelve su expediente.
Esta autorización provisional permite trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia en todo el territorio nacional y en cualquier sector de actividad, según recoge el Real Decreto.
Cancela explicó que el objetivo es que el proceso avance con rapidez y que las personas no permanezcan durante meses en una situación de incertidumbre.
El Gobierno se marca un plazo máximo de tres meses para resolver
La secretaria de Estado señaló que el objetivo es llegar al 30 de junio con todas las solicitudes presentadas y resolver los expedientes en el plazo previsto.
El Real Decreto establece que el plazo máximo de resolución y notificación será de tres meses desde el día siguiente a la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente. También indica que, si transcurre ese plazo sin resolución notificada, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.
Un proceso clave para miles de familias latinas en España
La regularización extraordinaria representa una oportunidad para miles de personas que ya viven en España, trabajan, forman familias y participan activamente en la sociedad, pero que todavía no han podido estabilizar su situación administrativa.
Para la comunidad latina, este proceso puede significar acceso a empleo formal, mayor seguridad jurídica, posibilidad de cotizar, mejorar su estabilidad familiar y salir de una situación de incertidumbre.
El mensaje de Pilar Cancela es claro: hay que informarse bien, reunir la documentación y presentar la solicitud dentro del plazo.
“Que no se quede nadie fuera”, afirmó la secretaria de Estado, insistiendo en que el objetivo del Gobierno es que todas las personas que cumplan los requisitos puedan acceder al procedimiento.
