El Gobierno de España formalizó, en pleno repunte de la presión migratoria sobre Ceuta en agosto de 2026, un contrato de 103.200 euros con un empresario marroquí para fortalecer la gestión del control fronterizo en Marruecos. Esta adjudicación, gestionada a través de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pone de manifiesto una estrategia continuada de externalización de la política migratoria española.

Ridouane Ambarky, el empresario beneficiario, asumirá durante 43 meses un papel importante como facilitador logístico y enlace administrativo con el Ministerio del Interior alauí, percibiendo una retribución mensual de 2.000 euros netos, más complementos por desplazamiento. Su labor se enmarca en el proyecto 'Apoyo al Reino de Marruecos: coordinación y gobernanza para la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes', según consta en el expediente revisado. La formalización del contrato, fechada entre el 1 y el 5 de agosto, coincidió con momentos de alta tensión migratoria en la ciudad autónoma, lo que añade una capa de urgencia y relevancia a la operación.

Este acuerdo, tramitado mediante un procedimiento negociado sin publicidad, fue justificado por la FIAP ante la necesidad de un perfil con dominio nativo del idioma dariya marroquí, indispensable por el “contexto geopolítico tan delicado” de la misión. Lo relevante para nuestra comunidad, más allá de la cifra y el nombre, es cómo estas decisiones en la frontera exterior definen el tono y las prioridades de la política migratoria española, con un impacto que no siempre es evidente a primera vista para quienes ya viven y tramitan sus papeles en España.

¿Qué tipo de información maneja el empresario y por qué es relevante?

El alcance de la colaboración de Ambarky va más allá de la mera asistencia. Según se detalla en los pliegos de contratación a los que se ha tenido acceso, su función incluye desbloquear trámites de aduanas para material policial financiado por España y Europa, organizar reuniones bilaterales de alto nivel y actuar como nexo directo entre las autoridades de ambos lados del Estrecho. Pero lo más sensible es su acceso a documentación del proyecto, incluyendo datos personales de efectivos de la Guardia Civil desplegados en Marruecos y del personal del Ministerio del Interior marroquí. Esta circunstancia, que ha sido defendida por la FIAP como conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, genera interrogantes sobre la seguridad y el manejo de información confidencial en el ámbito de la seguridad fronteriza.

Qué es la externalización de fronteras

Este contrato se inscribe en lo que la Unión Europea y los gobiernos llaman externalización de la gestión migratoria: acuerdos por los que un país de origen o tránsito, en este caso Marruecos, asume tareas de control fronterizo con financiación y asistencia de los socios europeos. El proyecto en el que trabaja Ambarky está cofinanciado por la Unión Europea y cuenta con la participación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según el propio expediente. Se suma a otro contrato previo adjudicado al mismo empresario en octubre de 2024, por 27.400 euros y 16 meses, también para gestión fronteriza. La FIAP ha defendido que ambas adjudicaciones cumplen la Ley de Contratos del Sector Público.

Qué cambia para quien tramita papeles en España

Nada en los procedimientos. El contrato regula la cooperación con Marruecos en la frontera sur y no modifica la Regularización Extraordinaria 2026, la renovación de la Tarjeta de Identidad de Extranjero ni ningún otro trámite de quienes ya viven en España. Lo que sí describe es hacia dónde dirige el Gobierno una parte de su política migratoria, la del control de fronteras, y con qué medios lo hace: adjudicaciones sin publicidad, perfiles con acceso a información sensible y un socio, Marruecos, con el que la relación es, en palabras de la propia FIAP, de un contexto geopolítico delicado. Si los procesos internos de extranjería se ven afectados por esa orientación es una cuestión abierta que no consta en el expediente ni ha sido evaluada por ningún organismo; Periódico Latino la seguirá con datos cuando los haya.