La política migratoria en América Latina da un nuevo giro esta semana con una orden directa desde la Presidencia de Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella ha declarado que los migrantes en situación irregular “tendrán que ser deportados”, una medida que afecta de forma crítica a la que es la segunda minoría más grande del país: los casi 2,8 millones de venezolanos que se han establecido allí en los últimos años. Esta instrucción, dada durante un consejo de seguridad, marca un endurecimiento oficial en la postura del Gobierno colombiano, con operativos coordinados que, según sus palabras, “deben empezar a cumplirse esta misma semana”.
La decisión presidencial no es un anuncio aislado; se enmarca en una tendencia creciente en la región, donde gobiernos de ultraderecha han adoptado discursos y políticas antimigratorias, vinculando la migración con la criminalidad. Las declaraciones de De la Espriella piden a la Policía de Barranquilla, ciudad que él mismo propone como “capital alterna”, que enfoque sus esfuerzos en identificar a inmigrantes “ilegales”, tanto aquellos que “están cometiendo delitos” como los que “no tienen regularizada su situación”. Para el vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, esta declaración “no es un error”, sino una postura firme y calculada.
Para la comunidad latina en España, especialmente la venezolana y la colombiana, esta noticia tiene un eco particular. Muchos tienen familiares directos que emprendieron la ruta migratoria y que, tras salir de Venezuela, hicieron escala en Colombia. La posibilidad de que sus parientes, que quizás no lograron regularizar su estatus, enfrenten ahora la deportación genera una profunda inquietud. La incertidumbre sobre el futuro de estas personas no solo es emocional, sino también económica, ya que muchos dependen de las remesas que se envían desde el extranjero para subsistir.
La migración venezolana hacia Colombia ha sido un fenómeno masivo y complejo. Desde 2015, millones de venezolanos buscaron refugio en el país vecino huyendo de la crisis humanitaria en su nación de origen. Colombia, durante años, adoptó una postura de acogida, implementando figuras como el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y, más recientemente, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Este último programa, que buscaba regularizar la situación de millones, aún tiene un segmento significativo de la población venezolana que no logró completar sus trámites o que llegó después de los plazos establecidos.
El impacto en las familias transnacionales
La orden de deportación pone en jaque la estabilidad de miles de hogares. Muchas familias venezolanas están divididas, con algunos miembros en Colombia, otros en España o en diferentes puntos de América. La posibilidad de que un familiar en Colombia sea deportado podría significar un retorno forzado a Venezuela, un país donde la situación económica y social sigue siendo precaria, o la dispersión a otros países, complicando aún más los planes de reunificación o apoyo mutuo. Quienes envían dinero desde España para ayudar a sus parientes en Colombia ahora se preguntan si esas ayudas seguirán llegando a buen puerto o si la situación obligará a sus familias a emprender una nueva ruta migratoria, con todos los riesgos y costes que ello implica.
Además del aspecto humanitario, hay consideraciones prácticas. La deportación masiva podría colapsar los sistemas fronterizos y de acogida tanto en Colombia como en Venezuela, generando una nueva crisis en la región. Para aquellos en España que planeaban un reencuentro familiar en Colombia o incluso un eventual retorno a la región, las reglas del juego han cambiado drásticamente. Ahora, cualquier plan debe sopesar el riesgo de que un familiar sin papeles sea interceptado y deportado. Es un factor más que se suma a la ya compleja toma de decisiones migratorias.
¿Qué significa para los que miran desde Europa?
Desde la distancia, la noticia refuerza la percepción de una región cada vez más volátil en sus políticas migratorias. Esto puede influir en las decisiones de muchos latinos en España sobre si regresar a sus países de origen o si intentar traer a sus familiares. La seguridad jurídica y personal es un factor clave, y las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano envían una señal de fragilidad para la población migrante.
Para quienes tienen familiares en Colombia, es crucial mantenerse informados a través de fuentes oficiales y organizaciones de apoyo a migrantes sobre los procedimientos exactos que se van a implementar. Entender los derechos de los migrantes y las vías legales, si las hay, para buscar protección o regularización será vital. Aunque la situación parezca incierta, la información concreta y el apoyo de redes comunitarias pueden ser herramientas fundamentales para navegar este nuevo escenario. La diáspora, una vez más, se enfrenta a la necesidad de adaptarse y buscar soluciones colectivas ante políticas que impactan directamente en la vida de millones de personas.
Esta situación también resalta la importancia de la regularización. Para quienes aún tienen la posibilidad de iniciar o completar trámites migratorios en Colombia, la urgencia es mayor que nunca. Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos seguramente intensificarán sus esfuerzos para orientar a la población afectada, pero la presión sobre los servicios y la capacidad de respuesta será enorme. En definitiva, la orden de Abelardo de la Espriella no solo es una noticia de Colombia, sino un tema que atraviesa la vida y las preocupaciones de la comunidad latina más allá de sus fronteras.
