El Consejo de Ministros aprobó este martes 25 de agosto dos anteproyectos que supondrán una importante modificación del marco migratorio español: una nueva Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria y una reforma de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Las medidas forman parte de la adaptación de España al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), cuyo nuevo marco normativo comenzó a aplicarse el pasado 12 de junio. El objetivo, según el Gobierno, es contar con un sistema de migración y protección internacional más ágil, ordenado y garantista.

Una nueva Ley de Asilo

En materia de protección internacional, el Ejecutivo ha optado por sustituir la actual Ley 12/2009 por una nueva norma que incorpore las disposiciones establecidas por la Unión Europea.

Uno de los principales cambios será la creación de un procedimiento de asilo en frontera, que será obligatorio en determinados supuestos. Estas solicitudes deberán resolverse, con carácter general, en un plazo máximo de 12 semanas.

La reforma también contempla que una resolución que deniegue la protección internacional pueda incorporar una decisión de retorno, agilizando así el procedimiento posterior cuando la persona no tenga autorización para permanecer en España.

El anteproyecto actualiza además las definiciones relacionadas con la condición de refugiado y la protección subsidiaria e incorpora expresamente entre los posibles motivos de persecución aspectos vinculados al género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.

También se refuerzan las garantías para menores y personas vulnerables y se desarrollan conceptos como "primer país de asilo", "tercer país seguro" y "país de origen seguro", que pueden ser determinantes a la hora de estudiar determinadas solicitudes.

Cambios en la Ley de Extranjería

Paralelamente, el Gobierno plantea reformar la Ley de Extranjería para incorporar el nuevo sistema europeo de triaje o control previo de las personas extranjeras que lleguen a las fronteras exteriores de la Unión Europea sin cumplir las condiciones de entrada.

Este procedimiento contempla controles de identidad, salud, vulnerabilidad y seguridad, además de la recopilación de datos biométricos, antes de determinar a qué procedimiento debe ser derivada cada persona.

Aunque la normativa europea permite que este proceso pueda prolongarse hasta siete días, España plantea mantener como regla general el límite de 72 horas, con posibilidad de ampliación mediante autorización judicial.

Procedimientos más rápidos en las fronteras

Uno de los puntos centrales de la adaptación al pacto europeo es diferenciar con mayor rapidez qué procedimiento corresponde a cada persona que llega de manera irregular a una frontera exterior.

Dependiendo de las circunstancias individuales, una persona podrá ser derivada al procedimiento de protección internacional o a los mecanismos correspondientes de extranjería y retorno.

El nuevo marco también busca acelerar determinadas solicitudes de asilo y facilitar que las decisiones sobre protección internacional y retorno estén más coordinadas.

¿Qué puede significar para los migrantes en España?

Los cambios afectarán especialmente a quienes soliciten protección internacional o lleguen a España a través de una frontera exterior sin cumplir inicialmente los requisitos de entrada.

La reforma no significa que desaparezca el derecho a solicitar asilo. España continuará obligada por la legislación europea e internacional a garantizar el acceso a la protección internacional a las personas que puedan sufrir persecución o daños graves si regresan a sus países.

Sin embargo, el nuevo sistema introduce procedimientos más rápidos y controles reforzados en frontera, además de cambios importantes en la forma de tramitar determinadas solicitudes y ejecutar las decisiones de retorno.

Para las personas migrantes que ya residen legalmente en España, la reforma anunciada no supone una modificación general de todas las autorizaciones de residencia y trabajo. El núcleo de estos anteproyectos está relacionado principalmente con asilo, protección internacional, control fronterizo y procedimientos vinculados a entradas irregulares y retorno.

Los cambios todavía no son definitivos

Es importante señalar que las nuevas medidas todavía no están en vigor como leyes definitivas.

El Consejo de Ministros ha aprobado los textos en primera vuelta, por lo que ahora comienza su tramitación. Los anteproyectos deberán pasar por los correspondientes informes y procedimientos antes de regresar al Consejo de Ministros y continuar posteriormente su recorrido legislativo.

Por ello, el contenido de las normas puede experimentar modificaciones antes de su aprobación definitiva.

La reforma se enmarca en uno de los mayores cambios de la política migratoria europea de los últimos años. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo establece nuevas reglas comunes para los Estados miembros sobre controles fronterizos, solicitudes de protección internacional, acogida, responsabilidad entre países y procedimientos de retorno.

España inicia ahora la adaptación de su legislación nacional a este nuevo escenario europeo, un proceso que tendrá especial relevancia para las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que lleguen al país durante los próximos años.