Hoy, 3 de agosto de 2026, la noticia llega desde El País América: Perú es el último país que ha decidido recurrir a su Ejército para encargarse de tareas de orden público. Esta medida, que permite a las fuerzas armadas asumir funciones policiales en las calles, no es un hecho aislado. Se inscribe en una preocupante tendencia en América Latina donde lo que antes era una práctica excepcional, reservada para emergencias extremas, se está normalizando. Para quienes vivimos en España y miramos con preocupación lo que ocurre en nuestras tierras de origen, esta decisión resuena profundamente.

La señal es clara: la seguridad pública en la región está en una encrucijada. Gobiernos de diversas índoles políticas están echando mano de los militares para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, ante la percepción de que las fuerzas policiales tradicionales son insuficientes o están superadas. Pero esta solución de fuerza mayor tiene un coste innegable: entraña riesgos significativos para los derechos civiles y para el delicado equilibrio de las instituciones democráticas. Es una delgada línea que, una vez cruzada, es difícil desandar.

Para el latino en España, esta noticia no es solo un titular lejano. Tiene un impacto directo en la tranquilidad por sus familias que quedaron al otro lado del Atlántico. ¿Cómo afecta la presencia militar en las calles el día a día de un familiar, la seguridad de un barrio, la libertad para transitar? La incertidumbre se agrava, y con ella, la preocupación por la estabilidad de la sociedad en la que crecimos y a la que muchos todavía envían remesas o sueñan con regresar.

Históricamente, el rol del Ejército ha sido la defensa de la soberanía nacional frente a amenazas externas. Su despliegue en labores de seguridad interna, que por su naturaleza deberían recaer en cuerpos policiales civiles, desdibuja esta línea. Cuando el soldado ocupa el lugar del policía, cambia la dinámica de la interacción con el ciudadano. Las fuerzas armadas, entrenadas para el combate, no siempre están preparadas para la gestión de la seguridad ciudadana con el respeto a los protocolos y derechos humanos que exige la vida civil.

Este cambio puede derivar en un aumento de los incidentes de violencia, abusos de autoridad o incluso en la criminalización de protestas sociales. La señal de El País América es contundente: lo que antes era una situación excepcional ahora es la nueva normalidad. Es una normalización que erosiona la confianza en las instituciones y que, a largo plazo, puede ahondar las heridas sociales y políticas de nuestros países.

La militarización de la seguridad tiene también una dimensión económica. Si bien la idea es generar más seguridad para atraer inversiones o mantener la estabilidad, la percepción de un país con el Ejército en las calles puede disuadir a quienes buscan oportunidades o enviar sus ahorros. ¿Quién se atreve a montar un pequeño negocio o a invertir en su comunidad si la situación de orden público es tan frágil que requiere una intervención militar permanente?

Las remesas, ese salvavidas económico para millones de familias, pueden verse afectadas indirectamente. Si la inseguridad aumenta o la inestabilidad política se percibe como crónica, la capacidad de las familias para gestionar esos fondos o la necesidad de más ayuda podría variar. Desde aquí, la diáspora evalúa cada noticia para entender si la situación en su país de origen mejora o empeora, y esa valoración influye en decisiones cruciales: desde el envío de dinero hasta la posibilidad de un retorno, o la esperanza de reunir a los suyos en España.

El caso de Perú se suma a una lista creciente que incluye a México, El Salvador, Honduras y otras naciones que han optado por esta vía. Cada país tiene sus particularidades y su contexto, pero el patrón es el mismo: una delegación de poder que traslada la responsabilidad de la seguridad a una institución que no siempre está diseñada para ello, con las consecuencias ya mencionadas en términos de derechos civiles y vida democrática. Es un camino que, aunque promete soluciones rápidas, a menudo crea problemas más profundos en el tejido social.

Desde PeriodicoLatino.com, entendemos que esta noticia es más que un mero reporte. Es un termómetro de la situación en casa, un motivo de conversación en las mesas de nuestras comunidades. Mantenerse informado es clave para entender las implicaciones de estas decisiones. Observar cómo se desarrollan los acontecimientos, qué organismos internacionales reaccionan y cómo las organizaciones civiles en cada país monitorean la situación, nos dará las herramientas para dimensionar el impacto real y apoyar a los nuestros de la mejor manera posible. La preocupación por la seguridad y la democracia en América Latina es, al final del día, una preocupación por nuestra propia historia y por el futuro de nuestras raíces.