Las primeras ministras de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, respectivamente, reclamaron este lunes una política europea más estricta ante lo que califican como una inmigración «descontrolada». Ambas dirigentes consideran necesario aumentar las deportaciones y avanzar en la creación de centros de retorno en países externos a la Unión Europea.
A pesar de pertenecer a familias políticas diferentes —Meloni encabeza un Gobierno conservador y Frederiksen procede de la socialdemocracia—, las dos mandatarias mantienen posiciones similares en materia migratoria y se han convertido en impulsoras de un endurecimiento de las políticas europeas.
En una declaración conjunta recogida por Europa Press, las dirigentes sostienen que una llegada migratoria elevada y sin control puede afectar la seguridad, la cohesión de las sociedades y el funcionamiento de los servicios públicos.
> «Europa debe seguir siendo Europa», expresaron las mandatarias, quienes defendieron que las personas que elijan establecerse en el continente deben respetar sus leyes y valores. >
Más expulsiones de extranjeros condenados
Uno de los principales puntos de la propuesta es facilitar la deportación de ciudadanos extranjeros condenados por delitos graves.
Meloni y Frederiksen se refirieron específicamente a personas involucradas en delitos violentos, tráfico de drogas o violencia sexual. Según ambas dirigentes, los gobiernos europeos necesitan disponer de más herramientas legales para expulsar a quienes representen una amenaza para la seguridad.
No obstante, su declaración no incluye estadísticas que permitan establecer una relación general entre migración y delincuencia. Por este motivo, resulta necesario diferenciar entre la población migrante en su conjunto y las personas extranjeras que hayan recibido una condena judicial.
También deben distinguirse situaciones jurídicas diferentes, como las de quienes cuentan con autorización de residencia, las personas solicitantes de asilo, quienes se encuentran en situación administrativa irregular y los extranjeros condenados por delitos.
Centros de retorno fuera de Europa
Las primeras ministras volvieron a defender la creación de centros de retorno en terceros países para las personas que no tengan derecho legal a permanecer en la Unión Europea.
La propuesta toma como referencia el acuerdo impulsado por Italia con Albania, mediante el cual determinados procedimientos migratorios pueden desarrollarse fuera del territorio comunitario. Meloni y Frederiksen consideran que este tipo de soluciones permitiría agilizar los retornos y reducir las llegadas irregulares.
La nueva regulación europea sobre retornos contempla la posibilidad de establecer estos centros mediante acuerdos con países externos. Sin embargo, exige que los Estados asociados respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un territorio donde pueda sufrir persecución, tortura o tratos inhumanos.
El sistema también busca que una decisión de retorno emitida por un Estado miembro pueda ser reconocida y ejecutada por otro, evitando que una persona eluda el procedimiento desplazándose dentro de la Unión Europea. La Comisión Europea explica que los centros únicamente podrán recibir a personas sin derecho legal a permanecer y sujetas a una decisión de retorno.
La coincidencia entre Meloni y Frederiksen muestra que el endurecimiento de la política migratoria ya no se limita a los partidos conservadores o de derecha.
Frederiksen ha defendido el control de la migración como una medida necesaria para proteger el Estado del bienestar danés. Meloni, por su parte, lo presenta como una cuestión relacionada con la seguridad, el control de las fronteras y la soberanía nacional.
Ambas dirigentes llevan meses promoviendo cambios en la gestión europea de la migración, entre ellos una mayor cooperación con los países de origen y tránsito, el combate contra las redes de tráfico de personas y la aceleración de las deportaciones.
El contexto de la crisis de Ceuta
El pronunciamiento se produce después de la reciente entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos, una situación que ha vuelto a colocar el control de las fronteras exteriores en el centro del debate europeo.
La crisis también ha provocado tensiones entre España e Italia. El Gobierno italiano estableció controles para determinados viajeros procedentes de España, alegando motivos de seguridad, mientras que las autoridades españolas cuestionaron la proporcionalidad de la medida.
Meloni y Frederiksen consideran que lo ocurrido en Ceuta demuestra la necesidad de adoptar una respuesta europea coordinada. No obstante, su posición también ha generado cuestionamientos sobre la utilización de un episodio fronterizo concreto para justificar un endurecimiento más amplio de las políticas migratorias.
El debate sobre seguridad y derechos humanos
Las propuestas abren un nuevo debate sobre el equilibrio entre la seguridad de los Estados y los derechos individuales.
Las deportaciones no pueden aplicarse automáticamente cuando existe riesgo de persecución, pena de muerte, tortura o trato degradante en el país de destino. También deben respetarse el derecho de asilo, la unidad familiar y la posibilidad de recurrir una resolución administrativa o judicial.
Italia y Dinamarca sostienen que las normas actuales dificultan la expulsión de extranjeros condenados por delitos graves. Por el contrario, organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que flexibilizar estas garantías podría dejar desprotegidas a personas vulnerables.
La declaración de Meloni y Frederiksen confirma, en cualquier caso, que el control migratorio, las deportaciones y la externalización de los procedimientos ocuparán un lugar central en la agenda política europea.
